PHOENIX — Veinte personas, una empresa de salud mental y una iglesia fueron imputadas en un escrito de acusación formal que argumenta que el programa Medicaid de Arizona fue defraudado por $60 millones en un esquema de facturación por tratamiento de salud mental y rehabilitación de adicciones.
Esta es la última acusación formal en una serie de medidas enérgicas en el estado contra centros de rehabilitación.
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SUSCRÍBETE El escrito de acusación, anunciado el martes, alega que Happy House Behavioral Health LLC recibió el dinero por servicios que nunca se prestaron o que solo se completaron parcialmente, y que se facturaron a clientes fallecidos y encarcelados.
Las autoridades afirman que los centros de rehabilitación remitieron clientes a la empresa de salud mental, que recibió dinero del Sistema de Contención de Costos de Atención Médica de Arizona y luego pagó a los centros por los clientes, violando la ley estatal.
Los cargos de lavado de dinero argumentan que Happy House Behavioral Health pagó $5 millones en julio de 2023 a la Iglesia Internacional Esperanza de Vida, que posteriormente transfirió 2 millones de dólares a una entidad en Ruanda.
Los cargos contra Happy House Behavioral Health incluyen conspiración, fraude, falsificación, robo y lavado de dinero.
Associated Press envió un correo electrónico a un abogado que representa a Happy House Behavioral Health.
En un comunicado, la Iglesia Internacional Esperanza de Vida afirmó haber sido injustamente acusada de lavado de dinero por aceptar una donación de un centro de rehabilitación con licencia que era inquilino de la iglesia y posteriormente acusada de defraudar al programa estatal de Medicaid.
La iglesia afirmó no tener acceso a las operaciones internas, las prácticas financieras ni las decisiones administrativas del centro.
“La única relación de la iglesia fue la de arrendador y, posteriormente, la de receptor de una donación; una donación aceptada de buena fe, en consonancia con su misión y su práctica habitual”, señala el comunicado.
En total, más de 100 personas y varias empresas han sido acusadas en casos presentados por la Fiscalía General Kris Mayes en el marco de la ofensiva estatal contra el fraude al Medicaid y los centros de rehabilitación sin licencia, muchos de los cuales se dirigían a miembros de comunidades tribales.
El estado suspendió los pagos a más de 100 proveedores como parte de las medidas represivas.
La estafa dejó a un número indeterminado de nativos americanos sin hogar en las calles del área metropolitana de Phoenix, ya que las residencias fraudulentas de vida sobria perdieron su financiación y expulsaron a los antiguos residentes a la calle.
Los navajos representan la mayoría de los nativos americanos con adicciones afectados por la estafa.
Las autoridades navajas afirman que, en algunos casos, las personas que terminaron en estas residencias fueron recogidas en camionetas sin identificación y trasladadas a la zona de Phoenix desde lugares remotos de la extensa Nación Navajo, que se extiende por el norte de Arizona y partes de Nuevo México y Utah.
